Que la Justicia se Imponga

Parecen soplar nuevos vientos en la administración de justicia en el Perú. No perdamos la esperanza de que esto sea así, y que estemos en los comienzos de nueva era en la que la justicia sea tal. Peruanos y peruanas siempre hemos aspirado a tener un Ministerio Público y un Poder Judicial independientes y libres de sospechas de corrupción. Ese es el reclamo que se arrastra como una aspiración permanente desde los inicios de la república.

El escándalo de Lava Jato que estalló en Brasil sigue –y seguramente seguirá- teniendo repercusiones en el Perú y en países del mundo donde operaba la empresa Odebrecht que encontró condiciones propicias para profundizar la corrupción. Así lo hizo en nuestro país y hay fundadas sospechas que ha venido operando desde hace varios gobiernos atrás comprometiendo a gobernantes, políticos, funcionarios y empresarios que se jactaban de prácticas honestas cuando no era así.

Tras la orden de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo, así como de Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, se ha conocido del pago de sobornos a funcionarios del gobierno de Alan García, de la alcaldesa Susana Villarán. Hay indicios de que las cosas comprometerían a ellos, al presidente Pedro Pablo Kuczynski y a la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

El escándalo salpicó a las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht y el fiscal Hamilton Castro solicitó prisión preventiva para cinco altos ejecutivos de esas organizaciones habiendo aceptado el juez de Investigación Preparatoria Richard Concepción Carhuancho. Eso ha determinado que ya estén con mandato de prisión por 18 meses, personajes que, antes, era imposible pensar que siquiera fuesen denunciados. La prisión afecta a José Alejandro Graña Miró Quesada, expresidente del directorio de Graña y Montero; Hernando Alejandro Graña Acuña, exdirector de la misma empresa; Fernando Martín Gonzalo Camet Piccone, presidente de JJ Camet Contratistas Generales S.A; José Fernando Castillo Dibós, director gerente general de ICCGSA. Sobre Gonzalo Ferraro Rey, expresidente ejecutivo de Graña y Montero, pesa arresto domiciliario en una clínica de San Isidro en la que fue internado por una dolencia.

Los cargos que enfrentan los ejecutivos son los presuntos delitos de colusión y lavado de activos. La Fiscalía demostró tener fundados elementos de convicción sobre la participación de esos empresarios en los delitos por los cuales se les viene investigando. El juez Concepción Carhuancho analizó la teoría fiscal y encontró fundado el pedido ordenando internarlos en cárcel.

Todavía hay mucho por investigar y descubrir en el caso Lava Jato. Hay que respaldar el trabajo fiscal y aplaudir las decisiones del Poder Judicial. Hay que reclamarles que siempre se actúe con imparcialidad y se trate por igual a todos los que estén comprometidos sin importar los cargos que hayan desempeñado o tengan, y sin que haya influencia por el peso las organizaciones políticas implicadas. Confiamos en que estamos ante un nuevo camino por el que discurren el Ministerio Público y el Poder Judicial a quienes debe respaldarse evitando que se les quiera seguir manteniendo presos por presiones de tipo político, social o económico. Es hora de librar al Perú, de los políticos y empresarios corruptos que tanto daño vienen causando.

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