Machismo Mata a las Mujeres

Homicidio Guadalupe W

Ninguna ley será suficiente para contener a los asesinos y maltratadores de mujeres. No será posible porque el problema tiene profundas raíces culturales y sociales, de aprendizajes distorsionados respecto a lo que significa ser mujer y ser varón; y que son reforzados, lamentablemente, por los poderes formales. El machismo sin duda está matando a las mujeres.

En enero 2017, el gobierno dictó el Decreto Legislativo N°1323 "Que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar, y la violencia de género". La principal modificación es porque incorpora la posibilidad de dictar cadena perpetua para quienes cometan feminicidio.
El decreto no ha evitado amenazas verbales, maltratos físicos, ni feminicidios. Según estadísticas oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en los tres primeros meses del 2017, ocurrieron en el Perú 29 feminicidios y 58 tentativas de feminicidio. Además los registros al año 2016 revelan que en el Perú, cada mes son asesinadas 11 mujeres, ellas mueren a manos de sus parejas.

Las mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por la violencia y el poder que ejerce el género opuesto, que las considera su propiedad, y le niega la condición de ser humano, es decir no las reconoce como seres humanos con iguales derechos y dignidad. Las mujeres violentadas son reducidas a objetos. 

Por ello además de la sanción penal drástica en procesos que deben ser oportunos y eficientes; se hace necesario  una transformación cultural y social para modificar estas conductas, y ello demanda trabajo permanente desde los hogares y las escuelas, y en todos los sectores, públicos o privados, porque en todos se debe asumir responsabilidad.  

A los operadores de justicia se les exige actuar con estricto cumplimiento de la ley, en defensa de la vida, del estado de Derecho y en contra del criminal. No hay motivo para que una mujer violentada tema acercarse a las autoridades policiales, ni fiscales. Porque incluso si una mujer abandonara una denuncia, es responsabilidad de los operadores de justicia garantizar su seguridad. Nadie que sea amenazado dentro de su hogar cuenta con las condiciones para defenderse, y por ello el respaldo legal del Estado es indispensable.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Ana María Choquehuanca, ha sugerido una nueva propuesta legislativa para obligar a la prisión preventiva contra quienes incurran en tentativa de feminicidio, feminicidio u otros actos de violencia contra la mujer. Sin embargo, el marco legal vigente ya lo contempla, el problema es la forma cómo se desempeñan los fiscales, como directores de investigación, y en la sustentación de sus medidas coercitivas. 

Al sector educación se le demanda coordinar acciones con otras áreas para contribuir a transformar conceptos enraizados en el machismo, la inequidad y la injusticia, que posterga a las mujeres, las condiciona, limita y reduce su capacidad de desarrollo. 

Esto mismo es válido exigir a todas las instituciones públicas y privadas, de modo que se sumen a la tarea de transformar nuestra sociedad para garantizar los mismos derechos para todos y todas. La transformación implica cambiar desde frases, pensamientos, ideas, hasta costumbres que pasan desapercibidos. Se exige la máxima responsabilidad para enfrentar este grave problema. 

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