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Provincia Pacasmayo: Fiscal Pide Penas de Cárcel de 5 y 10 años Para Acusados por Corrupción

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Penas privativas de libertad de 5 y de 10 años han sido solicitadas por el fiscal anticorrupción Luis Gustavo Guillermo Bringas, contra los acusados por presunta corrupción en una obra de alcantarillado en el distrito de Jequetepeque. La Procuraduría Pública de La Libertad, a su vez, solicitó reparaciones civiles por un monto total de 200 mil soles.

Por fin, después de tres o cuatro intentos, se instaló juicio oral contra el exalcalde de Jequetepeque, Pablo Martín Álvarez Castañeda, así como contra el exjefe de Desarrollo urbano de la misma comuna, Dany Sánchez Monteza. Ambos se hallan en condición de reos contumaces y sobre ellos pesa orden de captura. También están comprendidos otros servidores de la misma municipalidad y el gerente de la empresa Citicon SAC.

La audiencia, celebrada el miércoles 4, fue ante el juez Juan Iván Vojvodich Tocón, titular del Juzgado Penal Unipersonal. Corresponde al Exp. 172-2013-45-JPUP-SPLl, y es uno de los varios procesos que tiene el fugitivo exalcalde. El juez dejó constancia de su preocupación por la postergación que venía sufriendo este proceso, deslindando que no era por su responsabilidad, pues ya en 3 o 4 ocasiones, dijo, se programó la audiencia de instalación y se frustró por causas ajenas a él.

A excepción de los dos reos contumaces mencionados, todos los demás imputados asistieron a la audiencia, que se desarrolló en 2 etapas. La primera se inició a las 10 de la mañana, y se interrumpió para reanudarla a las 11.30 debido a que recién a esa hora llegaba el defensor público Salvador Domínguez Rugel quien había sido requerido en la Comisaría de Ciudad de Dios, para asumir defensa de dos detenidos. Fue reemplazado, en la primera parte, por su colega Marino Díaz Rimarachín. Cuando ya se pensaba que la audiencia sería reprogramada porque Díaz Rimarachín no conocía el caso, éste anunció que su colega llegaría en media hora, ante lo cual se convino en un intermedio.

Iniciada la audiencia se acreditaron el fiscal, el Procurador Carlos Valverde Valderrama, así como los abogados de los imputados.

Salvador Domínguez Rujel asumió la defensa de Blanca Noemí Cruz Ramírez y de Javier Quispe Cruz. Francis Ruiz Castañeda, patrocina a Alejandro Merino Huamán y a Wilder Chávez Mercado. Milton Javier  Pilco, es defensor de Segundo Mercado Romero; en tanto que Luz Bustamante Ríos, defiende a Eloísa Etelvina Ramírez García. Franco Abanto Rodríguez alega por Augusto Pérez Ramírez.

Acusación fiscal

Reanudada la audiencia a las 11.30 am, el fiscal Guillermo Bringas inició la apertura de alegatos detallando los 3 delitos que se imputa a los acusados; se reservó las imputaciones al exalcalde Alvarez y al exfuncionario Dany Monteza, por estar ausentes.

Como primer hecho, sustentó que el 8 de junio del 2011, en sesión de concejo, se acordó la exoneración de una obra de  alcantarillado por desabastecimiento inminente. El acuerdo se tomó en virtud a un informe de Monteza, e informe legal de los asesores Merino y Chávez Mercado. Ambos informes, dijo, contenían información falsa para favorecer a la empresa a la que se le adjudicó finalmente la obra.

La favorecida fue la empresa Citicon SAC que no tenía experiencia pues fue creada en marzo 2011, y se le adjudicó en junio del mismo año. Mencionó, además, que se le invitó a participar  después de habérsele otorgado la buena pro.

Refirió como segundo hecho que se hizo figurar a Fredy León Valdivia como supervisor, y a Helbert Asmad como residente. Sin embargo ambos han declarado que es falso, que ellos ni siquiera conocen Jequetepeque y se les ha falsificado sus firmas en los informes.

Como tercer hecho explicó que  Monteza y Alvarez simularon la contratación del supervisor por 12 mil soles, pues éste ha declarado que jamás ha trabajado en esa obra y no ha cobrado suma alguna.

El fiscal expuso que Augusto Pérez Ramírez y Javier Quispe Cruz, miembros del Comité especial, se habrían interesado en favorecer a Citicon SAC, por lo que se les sindica como autores de Negociación incompatible.

Alejandro Merino y Wilder Chávez Mercado emitieron informe consignando información falsa que dio lugar a la exoneración del proceso de selección. Son autores –dijo- de delito de Falsedad ideológica y cómplices primarios de Negociación incompatible en concurso real de delitos.

A Segundo Mercado Romero, gerente de la empresa, se le imputa haberse puesto de acuerdo para ser favorecido con la obra, por lo que es considerado cómplice primario de Negociación incompatible.

En cuanto al segundo hecho, atribuyó a Javier Quispe y Blanca Cruz Ramírez, gerente municipal y tesorera, respectivamente, por haberse confabulado con otros funcionarios y con contratista para pagar falsas valorizaciones respecto del avance de la obra, por lo que deben responder como presuntos autores de Colusión.

Segundo Mercado Romero, por confabularse para que le paguen con informes falsos, se le considera cómplice primario de delito de Colusión, y autor de uso de documento público falso en relación de concurso ideal.

Respecto del tercer hecho, dijo que Etelvina Ramírez García, dolosamente pagó a supuesto supervisor de obra y luego buscarlo para que le firme documentos para regularizar la contratación; es autora de delito de Peculado doloso por apropiación.

Prognosis de penas

Al referirse a las prognosis de las penas, el fiscal señaló que por Negociación incompatible, se postula una pena de 5 años de pena privativa de libertad e inhabilitación por igual plazo, contra Martín Alvarez, Augusto Pérez Ramírez, Javier Quispe Cruz, Dany Monteza, Alejandro Merino, Chávez Mercado y Mercado Romero.

Por delito de Colusión agravada postula se imponga a Alvarez, Monteza, Quispe, Cruz Ramírez y Mercado Romero, 10 años de pena privativa de libertad e inhabilitación por plazo de 5 años.

Y, por delito de Peculado doloso por apropiación pidió para Alvarez, Ramírez García y Monteza Sánchez 5 a años de pena privativa de libertad e inhabilitación por igual plazo.

Reparación civil

A su turno, el Procurador Valverde pidió una reparación civil de 70 mil soles, por primer hecho; 100 mil por el segundo hecho; y, 30 mil por el tercero.

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