Junta de Usuarios Debilitada Institucionalmente

Es necesario preguntar qué anima a los dirigentes proclamados ganadores de las recientes "elecciones" celebradas en las comisiones de usuarios y/o regantes y en la Junta de Usuarios del Valle Jequetepeque.

El apuro por hacerse de los cargos y asumir la conducción ni siquiera ha permitido un traspaso con las formalidades legales. Cuál es el interés real, cuáles son las motivaciones de quienes pretenden erigirse como representantes de los usuarios de agua, principalmente agricultores del valle Jequetepeque.

Desde fuera lo que se ve es un apuro desmedido, con resultados que afectan la institucionalidad del órgano que aglutina -o que debería aglutinar- los intereses de los agricultores.

Se reconoce que han heredado la imposibilidad de haber inscrito los nuevos estatutos ante Sunarp, o Registros Públicos.
Pero lo que sigue es y será exclusiva responsabilidad del  apresurado salto hacia los cargos directivos. 

Hasta el administrador de ALA Jequetepeque salió a invocar que se respeten plazos para asumir cargos; pidió que los presidentes, entrante y saliente, se reunieran y realizaran una transición ordenada, formal dentro del ordenamiento legal.  Y sobre todo se cumplieran plazos estipulados para el proceso electoral.

Eso es lo que no se ha hecho desde el inicio. Y allí la responsabilidad alcanza a todos, no solo a organizadores; sino incluso a participantes por permitir las faltas. A la apurada elección del comité electoral, le siguió un plazo de apenas 48 horas  para inscribir listas de candidatos.  La inscripción de los candidatos se realizó en la Junta de Usuarios, ni siquiera directamente en el comité electoral que se supone conducía el proceso, porque no se había llegado a instalar. Cuando el comité electoral se instaló ya se había acabado el plazo para registro de listas de candidatos. ¿Se puede calificar esto como legal?

La convocatoria para el proceso electoral no ha sido publicada en medio escrito reconocido del valle Jequetepeque. Y las irregularidades continuaron el día de las elecciones, conforme se ha revelado oportunamente.
La ausencia de ONPE en el proceso, el uso de planillones que debían ser corregidos antes de usarlos como los oficiales, la supresión de electores sin motivo justificado, la permisividad para que voten electores que  no figuraban en padrones, entre otras irregularidades han marcado este proceso.

Hoy la preocupación es registrar bajo las exigencias de ley a los nuevos consejos directivos de las comisiones de usuarios y/o regantes, y de la Junta de Usuarios.  Cómo se podrá hacer si no se ha cumplido con el marco legal que ordena y garantiza un proceso transparente. Lo último que se ha conocido es que el comité electoral deberá acreditar que votaron el 50% más uno de los electores. Hasta donde se puede ver a simple vista esto no podrá ser subsanado.

De este modo los “electos” están legalmente no inscribibles y por ende no reconocidos oficialmente. Se infiere que podrían existir responsabilidades civiles, penales y administrativas por estos acontecimientos. Es hora de resolver; la situación de emergencia, el agro y los agricultores lo exigen. Es hora de estar atentos y ver quién es quién, sin cortinas de humo, sin distracciones, y con la mayor transparencia.

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