Justicia Para Niños Víctimas de Violación Sexual

Lo sucedido en el sector Santa Lucía en San Pedro de Lloc, donde tres niños han sido víctimas de violencia sexual, exige el apoyo multidisciplinario para los menores y sus familias y la intervención decidida de los operadores de justicia.

Las madres de estos menores no deben rogar justicia; ni se pueden tolerar las amenazas de las que son víctimas. Las familias y sus niños que han sufrido abuso sexual deben sentir todo el respaldo del Estado Peruano.

Las madres de familia de los niños afectados han advertido que otros menores podrían haber sido víctimas del que han llamado "el monstruo de Santa Lucía", y aquí corresponde a la justicia la intervención  inmediata para detectar posibles nuevos casos.

Según se ha conocido, el presunto violador sería Jaime Molina Terrones, quien enfrenta prisión preventiva de 9 meses por un solo caso ya judicializado. 

La ley peruana contempla que la violación sexual de menores de 10 años acarrea cadena perpetua. Si se comprueba el delito de violación sexual, corresponde a los operadores de justicia garantizar un proceso que lleve al denunciado tras las rejas de por vida, sin beneficios de ningún tipo. 

Mientras tanto se deben tomar acciones para evitar que siga amenazando a las familias que se han atrevido a denunciarlo y asegurar que si existen otras víctimas, todas obtengan justicia.

Según las estadísticas incluidas en el Plan Nacional de Acción a Favor de la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, que recogen datos del Poder Judicial y de la Policía Nacional, anualmente se presentan 5,500 denuncias por violación sexual, de las cuales el 72% (4,000 casos) corresponde a menores de edad. El 90% de las víctimas son menores.

Además, de las 4,000 denuncias por violación sexual de menores, solo 800 terminan con sentencia efectiva contra los agresores. Esto ocurre, según Carlos Villarroel, comisionado de la Adjuntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, citado por Perú 21, debido a deficiencias en la investigación.

Que esto no ocurra en el caso en cuestión. Se invoca  que se garantice una investigación eficiente, que cumpla con plazos, que se asegure protección para las víctimas, respaldo psicológico para los niños y sus familiares, que se les mantenga informados de los avances de la investigación, y que ninguna víctima quede sin acceder a justicia. 

Las madres de familia de los menores abusados sexualmente han cumplido con recurrir a la justicia, ahora es la justicia la que no debe defraudarlos.

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