San Pedro de Lloc  |  

Alegatos de Fiscal y Abogados en Juicio por Corrupción

Fiscal anunció que apelará fallo en primera instancia que absolvió a exalcalde Cerna y 3 de sus funcionarios

Audiencia final juicio contra exalcalde Cerna y otros

Piero Carlos

San Pedro de Lloc. El fiscal Regis Oliver Chávez Sánchez, que actuó en el juicio contra el exalcalde de Pacanga, Santos Cerna Quispe y los miembros del Comité especial encargado de la licitación de la obra de saneamiento de San José de Moro, destacó entre una de las contradicciones en dicho proceso, es que el concejo de la Municipalidad Distrital de Pacanga (MDP), primero aprobó la exoneración del proceso de selección y después declaró la emergencia.

Sostuvo que las exoneraciones de los procesos de selección (ejecución de la obra y supervisión), jurídicamente fueron cuestionadas porque no eran legalmente procedentes, y así lo advirtió el Osce. Precisó que en la sesión del 28 de octubre 2010, con Acuerdo de Concejo 027 se declara la exoneración de los procesos de selección del servicio de saneamiento de San José de Moro; y al día siguiente, con Acuerdo 028, recién se declaró la emergencia. Su fundamento fue que no podía exonerarse proyecto concebido para 240 días calendario. Era absurdo atender la emergencia después de 240 días.

La MDP fue notificada por el Osce sobre la improcedencia de las exoneraciones pese a lo cual se insistió en lo mismo. Con Acuerdo de concejo 29, del 30 noviembre 2010, se declara la nulidad porque el Osce observó que la selección se hizo sin cumplir las normas porque dicha exoneración no iba a solucionar la emergencia.

Se refirió al Informe 138 del exasesor legal externo Carlos Guanilo indicando que en la audiencia del 30 de diciembre se conoció que el cargo del abogado era distinto al que la Municipalidad alcanzó a la Fiscalía, después de 4 reiterativas disposiciones fiscales porque la administración edil no les entregaba la documentación. Renuencia que consideró abona a la teoría de la acusación.

Refirió que el examen microbiológico del Hospital de Chepén no recomendaba sacar a proceso la obra de saneamiento; y que el informe del jefe de Didur, Juan Bazán Palomino, opinaba por emergencia y por exoneración. "Si se concatena con otros elementos se advierte la intención", sostuvo.

Afirmó que la MDP fue la que solicitó la intervención, y no la población como pretenden los acusados, pues el memorial -asegura- fue elaborado en la Municipalidad y se presentó el 16 noviembre 2010, es decir después de aprobada la exoneración y la emergencia.

Dijo que el Osce opuso resistencia a las exoneraciones pero la MDP insistía en los procedimientos exonerados; Osce advirtió que era ilegal. Podría entenderse como iniciativa por defender un procedimiento válido, pero engarzado por todos los elementos adquiere sentido delictivo, reafirmó.

También hizo otras observaciones como que se aprobó las exoneraciones pero se dieron todos los pasos como si se tratase de procesos de selección, y que la intención era darle visos de transparencia.

Sustentó su acusación recurriendo a la doctrina esbozada por el doctor José Luis Castillo Alva, docente de la Academia de la Magistratura. El hecho que posteriormente, ante la presión y evidencia pública, se hayan anulado las exoneraciones no implica que no haya delito. Tampoco se tiene que incurrir en perjuicio económico para configurar el delito, aclaró. Invocando al citado jurista dijo que en el delito de negociación incompatible no se protege el patrimonio de la administración pública. "El delito existe, al margen si se comprueba afectación, se incrimina el peligro. En el delito de negociación incompatible no se protege, al menos no directamente, el patrimonio fiscal pues el delito existe al margen de si se comprueba una afectación y un perjuicio real al patrimonio estatal. No se busca proteger ni asegurar el interés económico de la administración pública, lo que se incrimina es el peligro determinado por el interés particular que compromete los bienes exclusivos de la administración", enfatizó.

Agregó que el citado tratadista "Sostiene que la negociación incompatible se trata de un delito de peligro, y no de un delito de resultado o de daños. Incluso dice es posible que la administración haya obtenido un determinado beneficio o el servicio brindado haya cumplido holgadamente sus metas, pero aun así existe el delito de negociación incompatible".

"Efectivamente, en este caso no era necesario que el contrato entre la Municipalidad de Pacanga y el Consorcio San José de Moro fuese suscrito, menos que la obra fuese puesta en ejecución, mucho menos que fuese terminada. Bastó que los acusados se interesasen indebidamente y de manera directa en la gestión de esta exoneración. ¿De qué forma?, el alcalde requiriendo información al ahora acusado Bazán Palomino (jefe de Didur), este emitiendo opinión favorable a exoneración, y los restantes otorgando la buena pro al Consorcio San José de Moro".

— Fiscal anticorrupción Oliver Chávez Sánchez

Citando a Castillo Alva dijo "Aquí no interesa que el funcionario de manera efectiva y real logre conseguir algún tipo de beneficio o ventaja económica personal o para un tercero. ¿Qué significa?, que al margen que los acusados no se hayan favorecido con un nuevo sol, el tipo penal no sanciona el favorecimiento a sí mismo o a un tercero. En este caso no se requería de un daño patrimonial a la Municipalidad, lo que se protege es la transparencia en el ejercicio de las funciones. El funcionario puede procurar, tal vez, direccionar un proceso de selección para otorgarle la buena pro a un postor que tiene estrecha vinculación y amistad (…) objetivamente no hay perjuicio para el Estado, pero ya se están lacerando las reglas de igualdad de competencia, de trato igualitario".

Procurador

El Procurador, a su turno, coincidió con el fiscal Chávez. Corroboró se había acreditado el delito de negociación incompatible, que es infracción del deber como funcionario público. Se tiene que velar por normal funcionamiento de la administración pública, con honestidad. Refirió que hay sentencia de segunda instancia (8 febrero 2013) de la Sala de Apelaciones de la Corte Suprema sobre interés indebido por actos que no corresponde con el rol de un funcionario público; interés indebido previo al contrato. Dijo que se comprueba el interés porque en el proceso no existe propuesta técnica presentada por los postores. Hay indicios de la forma como se elucubró el proceso de exoneración.

Defensa: No hay pruebas del delito

La defensa empleó menos tiempo que el fiscal para presentar sus alegatos. El abogado Pablo Balarezo Huamán, defensor de Bazán Palomino, manifestó que el fiscal ha señalado en "todo este teatro armado para llevar a cabo este proceso" se inició no solo con el informe de mi patrocinado sino más atrás, que memorial es del 11 noviembre, lo cual es falso. El memorial es del 12 octubre, afirmó.

Enfatizó que no ha habido intención de esconder nada, que durante todo el proceso "no se ha encontrado verbo rector: interesarse. No se ha mostrado relación que podría haber existido entre la empresa ganadora del proceso y mi patrocinado".


"No se ha encontrado verbo rector: interesarse. No se ha mostrado relación que podría haber existido entre la empresa ganadora del proceso y mi patrocinado".

— Abogado Pablo Balarezo Huamán

Luis Miguel Saldaña Monzón, defensor de los otros tres acusados, ratificó lo dicho por Balarezo respecto de la fecha del memorial. Se refirió al testigo de la fiscalía Patricio Pérez Alvitres, diciendo que se le cayó al fiscal porque en el juicio declaró en forma contraria, reconociendo que sí había firmado el acuerdo de concejo, lo cual había negado el fiscal.

En cuanto a las dos versiones del Informe138 de Asesoría Legal indicó que la afirmación del fiscal respecto a que el cambio se hizo en la MDP era grave. Dijo que el informe está fedateado y obra en el expediente fiscal y en la carpeta fiscal. Afirmó que el propio testigo ha reconocido su firma. Se preguntó por qué la Fiscalía denuncia a Bazán Palomino por su informe y no hace lo mismo con Guanilo.

Dijo que en la teoría del MP hay contradicciones. Refutó la tesis fiscal preguntando donde está la vinculación de sus patrocinados con los postores. Reclamó que las pruebas deben ser contundentes para acabar con la presunción de inocencia, y que eso no había ocurrido en este juicio.

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